La Transición, a través del género de la entrevista

(Asociación de Periodistas de Aragón, 10 de febrero de 2015)

‘Periodistas y políticos en la construcción de la democracia española’ ya está disponible en las librerías. Se trata de la investigación que llevó a cabo el periodista David Álvarez, licenciado en la Universidad Complutense, para su tesis doctoral. Su interés por la política hizo que escogiera la Transición como objeto de estudio. Para su investigación el zaragozano optó por observar cómo se retrató este período político de 1977 a 1979 a través del género periodístico de la entrevista.

El libro pretende exponer, de manera gráfica y con la pretensión de conocer sus consecuencias, los elementos personales que publicaron cuatro de las cabeceras más importantes del momento: ABC, El País, Cambio 16 y Triunfo. Además añade un anexo con entrevistas a Manuel Campo Vidal, José Javier Aleixandre, Joaquín Leguina, Cristina Almeida, Alfonso Osorio, Rodolfo Martín, Pilar Urbano y Manuel Vicent.

La tesis doctoral, que ahora ya está publicada en formato de manual, proporcionó a David Álvarez la nota más alta y así se alzó con el cum laude, convirtiéndose en el aragonés más joven con esta mención académica. La doctora María Jesús Casals Carro, experta en géneros de opinión y catedrática de la Universidad Complutense, coordinó la investigación del periodista zaragozano.

Sobre el autor

David Álvarez Borjabad es doctor en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Con experiencia en medios de comunicación y gabinetes de prensa, aúna en esta investigación la Historia de España a nivel político, periodístico y legislativo, además de las particularidades necesarias del género de la entrevista y de la comunicación política para conocer el porqué de los contenidos publicados en los no tan lejanos 1977 y 1979.

Portada del libro

Enlace a la reseña

El recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados

No recordar tu vida, si tiene alguna ventaja, es que puedes ver siempre Casablanca como si fuera la primera vez. Como si escucharas por primera vez As Time Goes By y te embargara siempre la duda de qué actriz interpretaba el papel de Ilsa Lund, uno de los más maravillosos de la historia del cine. Arroja cierta sensación de inocencia, como si los ojos, que en ese momento se vuelven vivaces y con la chispa del que está realmente interesado en lo que allí pasa, quisiera adentrarlo en su memoria para que nunca más volviera a salir de allí. Pero lamentablemente es sólo un sentimiento fugaz, que volverá a producirse repetidamente tantas veces visiones el film de Michael Curtiz.

Tiene su lado infantil, en el sentido de que descubren muchas cosas por primera vez. El problema, entre los muchos que hay, a excepción de los pequeños fogonazos que van salpicando la existencia de los enfermos neurológicos, es el continuo deterioro y la dureza que provoca ver como tu familiar te habla con la cara del que ve a un extraño o sin venirle a la mente los maravillosos momentos que un día disfrutasteis juntos. Eso se une a que los años anteriores se manifiestan como una nebulosa en la que pocas cosas, por no decir ninguna, quedan meridianamente claras.

Esa ha sido la nota predominante de los últimos años de vida del que ha sido, sin riesgo a equivocarme, uno de los tres actores principales de la Transición española y uno de los más reseñables españoles del siglo XX. España pierde a Adolfo Suárez, como él un día perdió el recuerdo. Pero su obra, su ingente labor en la construcción de un país democrático, con sus virtudes y sus defectos, pero democrático al fin y al cabo, quedará en los libros de historia. Como ocurría con su persona, al no recordar tantos momentos únicos y extremadamente delicados que vivió en pro de la instauración del sistema que hoy vivimos, sólo bastaría con explicarlos para ver la grandeza del líder político en toda su magnitud.

Él ya no lo sabía, pero había recibido la encomienda de presidir el último Gobierno no democrático y establecer  el viraje tranquilo, sin revolución ni enfrentamiento, pero con las ideas claras y el destino seguro, a la democracia. Había dirigido el Ejecutivo que más modificaciones llevó a término en el menor tiempo posible y había establecido el punto de partida para que todas las ideologías, también la comunista, pudieran enfrentarse libremente en la arena electoral que supone la llamada a las urnas.

Sobre sus hombros, aquellos que denotaban que nos encontrábamos ante un hombre y no el niño que ciertos comportamientos evidenciaban en sus últimos tiempos, habían tenido que aguantar un buen número de situaciones que no muchos habrían podido. Su defensa en las Cortes todavía franquistas de la Ley de Asociaciones Políticas, que marcaban un antes y un después en la historia del país; la Ley para la Reforma Política, momento en el que los procuradores del Régimen se hicieron el “harakiri”, término empleado por Pilar Urbano; la decisión personal de legalizar el Partido Comunista, el “Sábado Santo Rojo”; o la disposición de que las primeras Cortes democráticas, las surgidas tras las elecciones del 15 de junio de 1977, tuvieran como encomienda principal la elaboración de una Constitución en la que se sustentara el nuevo orden establecido.

Pero su estrella se apagó. La vital la ha hecho este 23 de marzo de 2014, en la que aparecerán su nombre y sus obras escritas con letras de oro, y la política comenzó a hacerlo en la toma de investidura de la segunda legislatura, después de los comicios del primero de marzo de 1979. A partir de ese momento su carrera política empezó a encontrarse con demasiados obstáculos para el que pensaba que ya había sorteado demasiados. Lo hizo con los más difíciles, pero los que a priori parecían de más fácil regate se apoderaron de él para acabar abruptamente con su presidencia del Gobierno y con esa providencia que le acompañó hasta el día de San Valero de 1981, en el que anunció su dimisión irrevocable.

No pudo con las tensiones internas de un partido político con demasiadas familias diferenciadas y con un difícil sustento orgánico, en el que todas reclamaban su cuota destacada. Tampoco con los innumerables ataques personales que recibió como línea de flotación de la Unión de Centro Democrático, como así se demostró. Le fue imposible vivir ajeno a la política y creó el Centro Democrático y Social, unas siglas que intentaron quedarse con lo bueno del proyecto anterior y ajustarse a la personalidad y manera de ser de Suárez. Y no pudo permanecer en un sistema democrático relegado a un papel demasiado secundario para un animal político como él, con el carisma, altura de miras y voluntad de consenso que tanto se echa de falta en nuestros días.

Él no era consciente de ello en los últimos años. La balanza que mide las bondades y defectos, que también los tiene como todas las personas, está tremendamente desnivelada a su favor. Hoy en día, en el que sólo se ponen de manifiesto los desperfectos de nuestra democracia, es un gran momento para echar la vista atrás, recordar su papel y encumbrar su figura. Fueron unos años nada sencillos y en su haber quedará para siempre la instauración del sistema político menos imperfecto de los existentes en nuestro país, integrando a todos y sin que mediara ningún enfrentamiento entre españoles, y el comienzo de la época más estable y próspera de la historia del país. Lejos quedan aquellos versos de Antonio Machado que leyó en la defensa de la Ley de Asociaciones Políticas, pero que están más de actualidad que nunca un día como hoy:

Está el hoy abierto al mañana
mañana al infinito
Hombres de España:
Ni el pasado ha muerto
Ni está el mañana ni el ayer escrito.

Última imagen pública de Suárez, acompañado del Rey y cargada de un enorme simbolismo (autor: Adolfo Suárez hijo)

Última imagen pública de Suárez, acompañado del Rey y cargada de un enorme simbolismo (autor: Adolfo Suárez hijo)

Entrevista en el programa “Aragón, fin de semana” (22 de marzo del 2014)

Con motivo del inminente desenlace, el programa “Aragón, fin de semana” quiso rememorar y analizar la importancia de Adolfo Suárez en la construcción de la democracia española. Por esa razón fui entrevistado en ese programa de Aragón Radio (la radio autonómica de la Comunidad). Abordamos la importancia de Suárez, su papel en aquellos años, su aparición en los medios de comunicación de la época y la importancia de un personaje trascendental para la historia del país.

“Aragón, fin de semana” es el programa de Aragón Radio para las mañanas del sábado y domingo, centrado en la información de actualidad, los viajes, el territorio, los deportes y la participación de los oyentes. El programa está conducido por Carlos Espatolero, con el respaldo de Natalia Huerta.

Sobre nuestra democracia

La alusión al origen etimológico de las palabras en muchas ocasiones recoge el significado de las mismas, sobre los que es conveniente detenerse en determinados momentos. Democracia procede del término griego “demokratia”, dividida a su vez en “demos”, pueblo o conjunto de ciudadanos; y “kratos”, poder o gobierno. Es decir, haciendo una interpretación genérica y sin pasar a especificar las particularidades de cada caso, en España es manifiestamente mejorable en determinados aspectos, podemos afirmar que dicho vocablo recoge el sistema de gobierno en el que la soberanía es ejercida por el pueblo, mediante representantes políticos debidamente elegidos.

Corresponde a las nociones básicas que todo ciudadano debería conocer, y ser materia de obligado estudio en nuestro sistema educativo, saber que toda nuestra organización se sustenta en una Ley suprema, la Constitución, sobre la que debe asentarse todo el funcionamiento y el resto de textos normativos vigentes. Cualquier acción que incumpla el más mínimo de los artículos ahí incluidos no podrá llevarse a término. Tampoco podrá hacerlo todo ordenamiento que no respete los prelados que la Carta Magna contiene y que fueron aprobados por la ciudadanía española el 6 de diciembre de 1978.

Lo verdaderamente preocupante radica en el hecho de que un buen número de esos representantes políticos elegidos en Cataluña, que deberían ser los primeros garantes del orden constitucional, se han puesto a la cabeza para incumplir dicho texto. Son plenamente sabedores de la imposibilidad de llevar a término las reivindicaciones del Parlamento catalán, cuya irresponsabilidad ha superado con creces lo aceptable y ha llegado incluso a la catalogación de ilegal. O lo que es peor, premeditada y temerariamente ilegal.

No es que no sepan lo que la Constitución manifiesta, es que les da exactamente igual. Han trazado una hoja de ruta y un camino, y lo quieren transitar a oídos sordos de la legalidad, aprovechándose de las dificultades que atraviesa el país y un buen número de la ciudadanía, que pueden verlo como una huída hacia delante. Ello convierte en ese movimiento, nunca mayoritario como se ha querido vender, en una maniobra oportunista.

Es materialmente imposible que desconozcan el contenido del artículo 1.2, en el que se asegura que “la soberanía nacional reside en el pueblo español”, no en parte de él como ellos pretenden expresar en ese particular. Tampoco es creíble que se salten el número 2, en el que se cita la “indisolubre unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Y habría que recordarles que no muy lejos de los ya citados, en el 6, se indica que los partidos políticos pueden actuar libremente “dentro del respeto a la Constitución y a la ley”. En resumen, nos estamos acostumbrando a las advertencias, por tildarlo de alguna manera, en la que el incumplimiento de nuestro texto normativo supremo está a la orden del día.

La petición debatida y aprobada el pasado jueves en el Parlamento de Cataluña no es más que una nueva manifestación de ese camino emprendido, en el que la celebración de unas elecciones plebiscitarias ganan cada vez más peso. La negativa del Gobierno central a las reivindicaciones que llegan desde dicho territorio parece abocar a ese suceso, que se producirá más pronto que tarde, cuando se cercioren de que no van a poder celebrar un referéndum sobre la independencia. Justo la razón última para ratificar la solicitud votada ayer, que contó con 87 votos a favor y 43 en contra.

No debe sorprender que esa resolución vuelva a pretender incumplir la Constitución, ese texto de obligado acatamiento para todos. Y lo hacen precisamente ellos, los que aluden a argumentos democráticos para solicitar la celebración de la consulta sólo en Cataluña, aspecto también muy rebatible. No atienden a la Carta Magna, como ya se ha convertido en norma, obviando premeditadamente que la convocatoria la lleva a cabo “el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”, artículo 92. Lo hacen amparándose en el 149, en el que se asegura que el Estado tiene la competencia para autorizar su celebración, aunque son plenamente conscientes de que su reivindicación es harto imposible de ejecutarse.

En un Estado de Derecho como el español, democrático sin ningún género de dudas, el respeto a la Constitución es incuestionable y el primer aspecto de ineludible cumplimiento. No se trata de un texto impuesto, los ciudadanos la aprobaron, y tampoco inamovible, en el mismo se establecen los mecanismos para poder modificarla. Lo que no pueden es pretender infringirla como si nada pasara y sin ninguna consecuencia, porque se estaría abriendo la posibilidad a futuras acciones similares. Así funciona la democracia, también la nuestra. Y así debe seguir siendo.

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El Parlament catalán solicita las competencias para la celebración de un referéndum (lavanguardia.com)

Cien mil almas

Fueron más de cien mil personas. Un total de cien mil individuos que salieron el pasado sábado a la calle de manera “silenciosa”, su sola presencia evidencia un mensaje nítido, a la par que doloroso, para el conjunto de la ciudadanía firme defensora de la democracia. Más de un centenar de miles de ciudadanos que atendieron a la llamada de urgencia del pasado viernes cuando el juez Eloy Velasco prohibió la manifestación a favor de los presos de ETA. Fue esa cifra nada desdeñable, entre los que se encontraban representantes del PNV y la izquierda abertzale, la que reivindicaba con su mera presencia un camino diferente al emprendido por el Gobierno en el nuevo contexto del País Vasco.

La situación, a la par que compleja, evidencia un nuevo escenario en el que la moderación en el proceso soberanista del PNV ha pasado a mejor vida con su incorporación a las tesis y actos reivindicativos de los abertzales, que en pocas ocasiones contaban con el apoyo del principal partido político vasco en número de votos. El mantenimiento de la política de dispersión de presos y la lucha antiterrorista, las últimas detenciones a abogados de presos etarras así lo evidencia, ha supuesto la gota que colmó el vaso y el inicio de la adopción de un posicionamiento diferente. Consideran que el nuevo contexto, sin la violencia de ETA, exige un nuevo modo de comportarse bien diferente al del Ejecutivo popular.

No comprenden que un país azotado por la acción de los asesinos, delincuentes y cómplices políticos durante décadas, siga ejerciendo la tarea persecutoria contra ellos, impidiendo su actividad aunque hayan manifestado que concluían sus asesinatos. No por propia convicción, sino por el ahogo que supone notar el aliento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que redujeron a la mínima expresión sus posibilidades delictivas. Un éxito de la ciudadanía que supo aguantar, no sin esfuerzo y continuas represalias, los asesinatos y las extorsiones.

¿Está una sociedad fuera de peligro cuando la banda terrorista que amenazó a la ciudadanía sigue dando coletazos? Es evidente que no. La detención de ocho presuntos miembros de la organización, la única célula activa de ETA en nuestro país según los investigadores, así lo demuestra. Los ocho detenidos, enviados a prisión sin fianza, se encargaban de supervisar y ejecutar las órdenes de los asesinos en el interior de las prisiones. Es decir, había evidencias de que la banda sigue existiendo y operando.

Por lo tanto, nunca podrá criticarse el hecho de que la investigación policial y judicial siga su curso, apresando y juzgando a todos aquellos que pongan en peligro la libertad y seguridad del país, imponiendo sus intereses. Sí debe ser criticado, no obstante, el gravísimo error ministerial cometido al informar de la acción policial antes de que se produjera, lo que permitió a los detenidos deshacerse de pruebas de las que iba a incautarse la Guardia Civil para seguir con el procedimiento judicial. Fallo que ya ha deparado la dimisión del responsable de comunicación y que pone de relieve la rapidez e influencia de las Tecnologías de la Información en la transmisión de mensajes hoy en día.

La banda de asesinos sigue viva y como tal hay que tratarla. La actuación policial y judicial, doctrina Parot al margen, ha sido el mecanismo mediante el cual se ha conseguido debilitarla hasta los niveles actuales y les ha impedido seguir asesinando inocentes. No se ha producido su disolución y, por ese motivo, no debe virar ni un ápice la política antiterrorista basada en la persecución policial y en la aplicación de todos los mecanismos democráticos que nos otorga la Ley. Hasta que no se produzca su desaparición definitiva ese es el camino a seguir.

Así debe funcionar la democracia, permitiendo participar del sistema a los que respetan las reglas del juego y no atentan contra ninguno de los derechos fundamentales de la persona. La discrepancia política no es, bajo ningún concepto, motivo suficiente para impedirlo. Y les debemos esa actitud y comportamiento a las más de cien mil almas que han sufrido las consecuencias de la barbarie terrorista: los asesinados, sus familiares y amigos, los exiliados políticos o todos aquellos que han vivido amenazados o acompañados de escoltas simplemente por pensar diferente. Esos son los cien mil verdaderamente importantes, los que han dejado su vida de una u otra manera por la libertad y contra el terrorismo.

Manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (vozpopuli.com)

Manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (vozpopuli.com)

Artículo catorce

Vivimos tiempos en el que el desencanto hacia la política y la justicia no hace sino aumentar con el paso de los días. La doctrina Parot, tan injusta como carente de sentido común, el menos común de los sentidos, no ha hecho sino acrecentar ese parecer de una gran parte de la ciudadanía, aquejada ya de por sí de un sentimiento de indefensión por el supuesto trato de favor que reciben determinados políticos o familiares de la alta institución del Estado. El doble rasero de medir las actividades delictivas parece evidente. Mientras el habitante de a pie recibe sanciones ejemplarizantes por actos punibles, se ve como el terrorista, el violador, el prevaricador, el traficante de influencias o el delincuente fiscal recibe un tratamiento bien diferenciado atendiendo a criterios varios. Vaya usted a saber los motivos.

El artículo catorce de nuestra Carta Magna es bien claro: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Tan evidente es el enunciado como la ausencia de la citada igualdad ante la aplicación de la norma. El doble rasero es incuestionable y lamentable. En las últimas semanas tenemos que ver repetidamente como seres vivos, por llamarlo de alguna manera, salen esbozando una amplia sonrisa cuando tienen en su haber numerosos asesinatos y ni un ápice de arrepentimiento. Tienen la osadía y la desvergüenza de solicitar a los poderes políticos el “derecho a decidir”, cuando ni ellos mismos han cumplido las sanciones por sus atentados. Sus sonrisas son hoy para las familias de los asesinados la reedición continua de sus actos, que se clavan como un puñal en el sentimiento de las víctimas que todavía mantienen la compostura ante un sistema judicial que les ha abandonado.

Es ciertamente triste que haya que alegrarse por comprobar, sólo en determinadas ocasiones, en primera instancia y sin saber si se llegara al final con todas sus consecuencias, que el citado artículo catorce de la Constitución puede llegar a ser respetado, como ocurrió el pasado 7 de enero. Lo es por la acción de un juez que ha intentado mostrarse ajeno a la naturaleza de los personajes investigados y que ha sabido sobreponerse a las numerosas presiones que ha recibido. El magistrado Castro ha imputado por segunda vez a Cristina de Borbón, no entiendo los motivos para usar el tratamiento de doña para ella cuando para el resto de los mortales no se emplea de semejante manera, y deberá declarar el 8 de marzo por dos presuntos delitos: blanqueo y delito fiscal.

Lo hará si la Audiencia de Palma confirma la comparecencia y rechaza los recursos ya anunciados de su defensa, el padre de la Constitución Miguel Roca, a diferencia de lo ocurrido el 13 de abril del pasado año. Entonces, amparado en el derecho según los decisores, pero tremendamente dañino para un Estado de Derecho que debe exigir la transparencia, honradez y decencia a todos sus representantes públicos, la citada lo es, impidió lo que una gran parte de la ciudadanía esperaba. Primero para saber la verdad en toda su dimensión, aspecto que lamentablemente considero que será muy difícil que se produzca; y segundo para que responda, al igual que el resto de los mortales, de los presuntos actos punibles que ha cometido y que no parecen simplemente testimoniales.

Podemos jugar a guionistas de una película de ciencia ficción y considerar que la infanta, ya debería dejar de ostentar ese reconocimiento, era ajena a la ingente cantidad de dinero que amasaba el matrimonio y que sólo mediaba con su firma y presencia en los actos delictivos de Iñaki Urdangarín; y que una buena parte de los euros con los que pagaban celebraciones familiares diversas, no pocos, procedían de Aizoon, sociedad participada por los dos miembros del matrimonio al 50% y con la que se han cometido supuestamente actividades contrarias a la Ley. Pero eso no es ni creíble ni verosímil, como no lo son tampoco las versiones de la defensa del ex jugador de balonmano para el resto de actividades investigadas y para exculpar de toda responsabilidad a su esposa. La ciudadanía merece una explicación al respecto y, si tanto queremos preservar los cimientos democráticos y de derecho, deberían responder los dos sobre todo ello, sin miedo a las represalias judiciales. Caiga quien caiga, pero demostrando que en nuestro país se paga por los delitos, seas de la familia que seas.

Lamentablemente ese deseo, basado en un sentimiento de igualdad que no se manifiesta en todos los órdenes nuestro país, es quimérico a día de hoy. El 7 de enero de 2014 ha sido un buen día para nuestro país y nuestra democracia porque el juez Castro, que ha demostrado ser valiente y poseer el sentido común al que anteriormente aludía, ha intentado practicar el artículo catorce en toda su magnitud. Esperemos que el resto de las instituciones también estén a la altura de las circunstancias, no pongan más cortapisas al respecto y hagan que la ciudadanía empiece a confiar más en una justicia que no se encuentra en sus mejores momentos.

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El juez Castro ha imputado a la infanta Cristina por segunda vez (abc.es)

AVE de paso

El pasado domingo 15 de diciembre fue uno de esos momentos que gusta a todo dirigente político. Llegó el tiempo de la fotografía, en el que las sonrisas y las buenas palabras inundan todas las instantáneas que se toman de tan magno acontecimiento, y las palabras no hacen sino incidir en la nueva oportunidad que se abre a la ciudadanía. Da igual el signo político, de hecho suelen aparecer unidos los representantes públicos de las diversas siglas y administraciones. Ese día no hay oposición. Parece que no hay inconvenientes, lo que en los contratos se ha tildado siempre de letra pequeña. Pero, lamentablemente, sólo lo parece. En la mayoría de ocasiones existe y más bien pronto que tarde suele salir a la luz.

A bombo y platillo, como gusta hacer esos acontecimientos, se presentó la conexión ferroviaria por alta velocidad entre España y Francia. Desde ese preciso momento, un total de cinco convoyes por destino conectarán un total de diecisiete ciudades de nuestro país y del territorio galo. De ellos, uno saldrá desde Madrid con destino Marsella, mientras que el resto partirá de la ciudad condal, con final en París en dos casos, y con llegada a Lyon y Tolouse en los restantes.

El resto de las localidades españolas “afortunadas” han sido Gerona y Figueras. Con todos los respetos, medianas o pequeñas urbes nacionales que no justifican la parada de cada uno de los cinco trenes que discurren en ambos sentidos. Por el contrario, Zaragoza, la eterna olvidada, será ciudad de paso. O ni eso. Ya se han encargado de que el discurrir sea efectuado por la ronda sur, aquella destinada a desviar las mercancías peligrosas y las conexiones directas entre Madrid y Barcelona, en el mismo trazado en el que iba destinada una estación próxima a la Feria de Muestras, a la Plataforma Logística y al aeropuerto. Pero de eso no hay nada. Se trata del enésimo olvido de Madrid para con el territorio aragonés.

Ni atendiendo a la lógica, en muchos casos subjetiva, ni a las cifras, totalmente objetivas, se sostiene esa decisión. Los 700.000 habitantes de Zaragoza, ciudad de paso y equidistante entre las dos más habitadas del país, parece poseer ciudadanos de segunda, frente a los 97.000 de Gerona y los 45.000 de Figueras, cuyo tratamiento dista mucho del recibido por los aragoneses. Sin duda, irónicamente hablando, están plenamente justificadas las quejas de la Generalitat por otro agravio de tal magnitud en la primera Comunidad que tiene las cuatro capitales conectadas por la alta velocidad y cinco conexiones diarias con el país vecino desde tres de sus localidades.

Aragón en general, y Zaragoza en particular, vuelve a sentirse discriminado, no sin razón. Tierra noble y leal, parte indispensable de la formación de España, esa que otros pretenden resquebrajar, al tiempo que se quejan de un tratamiento supuestamente discriminatorio mientras reciben mucho más que el resto a cambio, debe cambiar muy mucho su manera de actuar para ser tenida en consideración. Hay que alzar la voz, quejarse para ser oídos por todos y evitar que vuelva a producirse un nuevo desagravio, como el sufrido no hace mucho tiempo atrás con la Travesía Central del Pirineo o con la reapertura del Canfranc.

No puede ser que su capital, posiblemente la ciudad mejor conectada del país, a una distancia casi equidistante con Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao; además de su cercanía con otras capitales como las otras dos aragonesas, también con Logroño, Pamplona, Soria, Lérida y Castellón; incluso con la frontera francesa, aunque todavía esté sin explotar ese trayecto en toda su potencialidad; sólo sea ave de paso, en lugar de parada obligada para alguno de los grandes trayectos que unan los dos países. Si la voluntad no existe, aludamos a la rasmia que tienen los aragoneses para conseguir simplemente lo que es justo: no volver a ser ninguneados, como parece haberse convertido en costumbre.

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Zaragoza no debe ser sólo ciudad de paso (heraldo.es)

El gobierno nonato

¿Qué hubiera pasado si España, apenas cinco años después del fallecimiento del Generalísimo Franco, hubiera vuelto a tener un ejecutivo encabezado por un militar? ¿Hubieran sido partícipes del mismo los políticos de las diversas sensibilidades existentes en el Congreso de los Diputados? ¿Cómo habría sido posible la coexistencia temporal de personalidades tan diversas y diferentes en un contexto que requería de una acción clara y nítida para superar las dificultades del año 1981?

El pasado domingo de madrugada falleció uno de los personajes que, muy posiblemente, tuviera alguna de esas claves y que se ha llevado con él a la tumba. El general Alfonso Armada fue uno de los acusados por el intento de Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, con una condena a treinta años de la que sólo cumplió hasta 1988, cuando recibió el indulto. Para algunos era el “elefante blanco” que esperaban los encargados de realizar el golpe en la sede de la soberanía popular, para otros el conocedor de la identidad exacta del mismo.

En aquellos primeros años de la nueva democracia, el general Armada era uno de los más reconocidos miembros del cuerpo militar español, aunque bien es cierto que sus continuos enfrentamientos con el presidente Suárez provocó que fuera relevado de su puesto de secretario de la Casa del Rey tras diecisiete años de servicio a la Monarquía, sustituido por Sabino Fernández Campo, persona clave en la mencionada efeméride. Su amistad con el Rey era latente y el respecto de don Juan Carlos hacia su persona también, ya que fue incluso instructor del Jefe del Estado democrático en su formación militar. Apenas unos días antes del intento por adueñarse del poder legítimo, Armada había accedido al puesto de segundo jefe del Estado Mayor del Ejército.

Aquel 23 de febrero, en plena votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno, tras la dimisión de Suárez fechas antes (maniobra para evitar sucesos como el que estaba a punto de producirse, según algunos estudiosos), el teniente coronel de Ejército, Antonio Tejero, interrumpió en el momento en el que el diputado socialista Manuel Núñez Encabo, en pie, manifestaba el sentido negativo de su voto.  Eran las 18,30 horas, los disparos al techo se hicieron atronadores y la práctica totalidad de diputados echaron el cuerpo a tierra. Salvo tres, aquellos que eran conscientes de que si triunfaba la maniobra su suerte estaba echada, hicieran o no por apartarse de las balas: el presidente Suárez, el comunista Santiago Carrillo y el ministro Manuel Gutiérrez Mellado, que incluso se enfrentó a ellos de forma encarecida y evitó que le tiraran al suelo, zancadilla mediante.

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Entrada de Tejero al Congreso en plena votación (rtve.es)

De la historia del golpe se ha escrito mucho y se ha investigado también, aunque habrá determinados pasajes que posiblemente nunca verán la luz. Para el recuerdo la famosa frase de Tejero, pistola en mano, en el que espetaba a los diputados el archiconocido “se sienten, coño”, expresión que hoy todavía se recuerda con la alegría de ver que el intento quedó en eso, en nada más; el discurrir de tanques por las calles de Valencia, fruto de la decisión de otro de los actores más destacados del golpe, el capitán Jaime Milans del Bosch; las marchas militares que sonaban en la frecuencia de Radio Nacional de España, en lo que pasó a denominarse la “noche de los transistores” por la ingente labor que realizaron los informadores a la puerta del Congreso; y el mensaje del Rey, en el que manifestaba el punto de vista de la Corona ante tan magno acontecimiento.

Lo que allí sucedió se puede conocer en multitud de obras escritas y reportajes televisivos que se han publicado y emitido a lo largo del tiempo. Aquí nos quedaremos con una de las causas que pueden explicar el fracaso de la intentona, que no es otra que la coexistencia, en el mismo momento, de dos golpes, e incluso tres, dependiendo del actor responsable del asalto al Congreso. La idea prevista por el general Armada, con un gobierno de concentración y la presencia de políticos incluso comunistas, y la del asaltante, que no había llevado a cabo esa acción para ver a representantes del PCE dirigiendo los destinos del país, chocaban irremediablemente.

Si las negociaciones hubieran tenido éxito, los nombres de los futuros ministros no sería muy diferente a la siguiente, conocida con el paso de los años. A la ya mencionada presidencia de Armada, se le unirían dos vicepresidencias: la política, con Felipe González (PSOE) y la económica, en manos de José María López de Letona, antiguo gobernador del Banco de España. El resto del ejecutivo estaba formado por cuatro centristas, Pío Cabanillas (Ministro de Hacienda), José Luís Álvarez (Obras Públicas), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (Educación) y Agustín Rodríguez Sahagún (Industria); tres socialistas, Gregorio Peces Barba (Justicia), Javier Solana (Transportes) y Enrique Múgica (Sanidad); dos conservadores de CD, Manuel Fraga (Defensa) y José María de Areilza (Exteriores); dos comunistas, Ramón Tamames (Economía) y Jordi Solé Tura (Trabajo); dos militares, el general Manuel Saavedra Palmeiro (Interior) y el general José Antonio Sáenz de Santamaría (Autonomías); y tres independientes, el presidente de la CEOE, Carlos Ferrer Salat (Comercio), el abogado Antonio Garrigues Walker (Cultura) y el director de la agencia EFE, Luis María Ansón (Prensa).

Pero se tratará de un gobierno que nunca verá la luz. El discurso del Monarca aceleró el desenlace, unido a las divergencias que comenzaban a ser insalvables para los diversos actores protagonistas del Golpe, por lo que la lista antes mencionada quedó en papel mojado. El comandante de la División Acorazada Brunete, Ricardo Pardo Zancada, que había acudido a las puertas del Congreso con ciento trece policías militares y otras intenciones, fue el encargado de firmar lo que se denominó el “pacto del capó”, por el lugar en el que estamparon definitivamente la rúbrica de su rendición. Se trataba de un documento con múltiples condiciones: el teniente coronel Tejero asumía la responsabilidad de los actos, se entregaría en el acuartelamiento de El Pardo y exigía que no hubiera reporteros gráficos cuando saliera del Congreso de los Diputados.

Dieciocho horas después, el Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 había llegado a su fin. Ganó la democracia, perdieron aquellos que intentaron, una vez más, imponer el futuro del país a su voluntad, y la sociedad española demostró una madurez impropia de un sistema tan poco extendido en el tiempo. El periodismo estuvo también a la altura de las circunstancias y la radio, como medio de comunicación, cosechó un prestigio desde aquel día que hoy todavía perdura en el tiempo. La lista antes mencionada quedará también para el recuerdo como el gobierno nonato.

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Participantes del Golpe de Estado del 23F (rtve.es)

Nuestros derechos

A escasas jornadas de cumplirse treinta y cinco años de la aprobación de la Constitución por parte de la ciudadanía española, es justo reconocer la trascendencia de dicho texto y el punto de inflexión que supuso para nuestra vida en democracia. Es lógico, incluso aconsejable,  modificar algunos aspectos y no debe darnos ningún miedo hacerlo, aunque ello deba realizarse siempre desde el máximo consenso posible, a imagen y semejanza de lo que supuso en su día la redacción y aprobación de nuestra Carta Magna.

Ese lapso de tiempo transcurrido ha servido también para comprobar la manera en la que el sistema político, económico y social de nuestro país está sufriendo una perversión que no hace sino aumentar el desencanto de la ciudadanía, principalmente hacia la clase política. Es por ello que me dispongo, con toda mi osadía, a publicar un decálogo de diez derechos que deberíamos tener hoy en día los ciudadanos españoles y que no se están cumpliendo, por acción u omisión de los representantes no sólo políticos de las diversas instituciones. Con ellos posiblemente se aseguraran un buen número de los reconocidos en el título primero de nuestra Constitución y que tanta importancia tienen, aunque a veces no lo parezca:

  • Tenemos derecho a vivir en un Estado en el que se practique de manera total la división de poderes. Ninguna formación política ni cámara legislativa debe nombrar a ningún representante judicial, para ello están los órganos de la judicatura, y, si acaso, la única excepción debería basarse en el derecho al indulto, siempre perfectamente justificado y sin que hubiera ningún interés partidista, no como ocurre en la actualidad.
  • Tenemos derecho a vivir en un sistema político en el que nuestros representantes, además de ser elegidos por listas abiertas, hayan accedido a él por un proceso meritocrático, no partidocrático.
  • Tenemos derecho a ser partícipes de la vida política de nuestra administración correspondiente, siendo requerida nuestra opinión para aquellos asuntos de vital importancia, no sólo cada cuatro años para depositar nuestro voto en la urna, si tenemos a bien y consideramos oportuno ejercerlo.
  • Tenemos derecho a que las formaciones políticas busquen el interés general mediante acuerdos, buscando el punto de encuentro entre las posiciones discrepantes y no ejerciendo la fricción en todos los órdenes de la vida.
  • Tenemos derecho a que una parte del Estado no se vea capacitado para chantajear y amenazar a la totalidad del mismo, con argumentos en muchas ocasiones sesgados y carentes de veracidad.
  • Tenemos derecho a que todos los ciudadanos sean iguales ante la Ley, sea el dirigente político de turno, el familiar del Jefe del Estado, el banquero acusado de una mala praxis en el desempeño de su actividad o el habitante anónimo de cualquier localidad.
  • Tenemos derecho a que los acusados por delitos graves, véase terroristas o violadores, por citar los casos más sangrantes que la supresión de la doctrina Parot ha deparado, sean sometidos a la cadena perpetua revisable. La razón y el sentido común debe imperar en nuestras leyes y los encargados de dichas atrocidades deben pagar por ello en consonancia a sus actos.
  • Tenemos derecho a no contar con ningún representante político imputado. En el caso de que se produzca esta situación, especialmente grave en los que median acciones preventivas, deben ser apartados de su puesto hasta que se resuelva el proceso judicial. 
  • Tenemos derecho a un sistema educativo de calidad, justo, que premie el esfuerzo de los alumnos y que permita el acceso a los más desfavorecidos. Igualmente, se antoja obligado que se pacte de una vez una normativa por la mayoría política del país, evitando el espectáculo circense de derogar e implantar un nuevo sistema cuando se produce cambio en el Gobierno.
  • Y, como aragonés, tenemos derecho a que en la comunidad limítrofe de Cataluña se enseñe la verdadera historia del Reino de Aragón, sin sesgos y menosprecios a nuestro territorio; así como a que se devuelvan los bienes de la Franja, que un día fueron sustraídos y no han sido restituidos a sus legítimos propietarios, como han solicitado los diversos estamentos judiciales eclesiásticos. 

Sé que muchas de mis reivindicaciones son difíciles de cumplir, nunca utópicas si se tiene la verdadera voluntad de cambio y de hacer, del sistema en el que vivimos, un país mucho mejor que el actual. En muchas ocasiones sólo consiste en aplicar el sentido común, en otras es devolver a la ciudadanía los derechos que en muchas ocasiones no se están aplicando en nuestra Carta Magna.

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Constitución española de 1978 (antena3.com)

El poder de la imagen

Tal día como hoy, hace cincuenta años, falleció uno de los iconos más reconocidos a nivel mundial y sobre el que siguen atisbándose un buen número de dudas y sospechas. Las relativas a su muerte, en la que las diferentes versiones dadas a conocer por las fuentes oficiales y extraoficiales no parecen resolver todos los cabos sueltos que siguen existiendo; y también con respecto a su vida, donde su “actividad” extramatrimonial, conocida después, ponían luz a un modo de comportarse bastante alejado de la imagen idílica que tenían los ciudadanos norteamericanos de antaño del que fue su presidente durante sólo dos años, diez meses y dos días. Suficiente para crear el mito.

John Fitzgerald Kennedy fue el protagonista de dar un paso más en la política, el principal responsable de la modernidad en la comunicación política, parámetros instaurados por él y su equipo y que la gran mayoría de aspirantes a un puesto en la Administración, dependiente de una votación, siguen con la esperanza de llevarlo a buen término y con idénticos resultados que JFK.

Aquel 22 de noviembre de 1963 su mandato terminó abruptamente. Había viajado a la ciudad texana de Dallas con la clara intención de popularizar aún más la imagen del presidente, con vistas a las futuras elecciones de 1964, ya que no había alcanzado la victoria en dicha localidad en los comicios pasados. El día, soleado y apacible, parecía el idóneo para que la comitiva presidencial discurriera por las calles sin la capota, dotándole de la cercanía con su pueblo que todo líder desea en ocasiones, pero no así de una indefensión tal que provocó lo que todo el mundo hoy conoce. Cuando la caravana transitaba por Elm Streeet, una serie de disparos, entre tres y cuatro según las investigaciones, acabaron con la vida de JFK en escaso lapso de tiempo, a pesar de los intentos infructuosos de los equipos médicos por salvarle. Había acabado su mandato y comenzó, en un escaso discurrir de las horas, el de Lyndon Baines Jonhson, que juró su cargo en una dependencia del avión presidencial, el Air Force One, antes de partir de vuelta hacia la Casa Blanca, con los restos mortales de Kennedy.

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Paseo presidencial el fatídico día (elpais.com)

En efemérides como la presente siempre es usual recordar la vida de los personajes que han marcado el devenir futuro de la sociedad, tanto para bien como para mal. La vida de JFK da para mucho, a nivel político y personal. Incluso el de su familia, que ha vivido una serie de tragedias desde aquel 22 de noviembre de 1963, lo que deparó en lo que se ha pasado a llamar la “maldición de los Kennedy”. Pero, aquí y ahora, nos remontaremos a un pasaje de su vida en la que aún no era presidente de los Estados Unidos, sólo aspirante al puesto junto con el republicano Richard Nixon, cuya futura labor daría para muchos artículos como el presente. Pero eso es otro tema.

El 26 de septiembre de 1960 se celebró el primer debate televisado de la historia. Más de setenta millones de estadounidenses, en un período en el que la televisión, además de ser en blanco y negro, no estaba tan generalizada como en nuestros días, habla de la magnitud del acontecimiento. En ella, además de disputarse dos proyectos políticos diferenciados, también lo hicieron dos maneras de afrontar la campaña electoral. La del candidato político que le daba una importancia capital a la comunicación política, habiéndose preparado concienzudamente el acontecimiento y siendo consciente de las potencialidades del nuevo medio; y aquel que no lo consideraba tan relevante, por lo que derivó en su falta de adaptación a las nuevas peculiaridades del debate, llevándole irremediablemente a la derrota.

Nixon decidió comparecer con un traje gris, recordemos que en los inicios de la década de los sesenta la televisión todavía era en blanco y negro, sin maquillar y todavía bajo los efectos de una reciente operación de rodilla. Sus andares en ocasiones lastimosos y el incesante sudor no lucían bien en cámara. Si a eso le sumamos la falta de preparación del futuro presidente, aunque accediera al cargo no en esa llamada a las urnas sino en una posterior, el resultado parecía evidente. Siempre visto desde el prisma actual, el de un tiempo que conoce perfectamente las potencialidades de la imagen en la disputa política.

Por su parte Kennedy adoptó una estrategia completamente diferente. El traje negro le dotó de presencia, su bronceado, apuntalado esa misma mañana, la ayuda del maquillaje que no desdeñó, así como la ingente preparación de los argumentos y de las posibles respuestas, y el hecho puntual de mirar a cámara, como el que adopta la postura de dirigirse a todos los norteamericanos, redundaron directamente en su victoria. Había ganado el debate.

La nota anecdótica de la cita se produjo al conocerse los resultados del coloquio. Es decir, cuando se sometió a escrutinio público el vencedor de la contienda. Para los oyentes de radio, que no se habían dejado influenciar por lo que le dictaban sus ojos y su conciencia, no había imagen que percibir, dieron como ganador al republicano Nixon. Mientras tanto, los telespectadores manifestaron un parecer diametralmente opuesto. Había nacido la nueva manera de hacer campaña y comenzaba a vislumbrarse el poder de la imagen. Sigue latente hoy en día, aunque con las adaptaciones propias del nuevo tiempo.

Si la figura de Kennedy supuso una nueva manera de ejercer el poder, lo que muchos han llamado la modernidad de la política, el citado debate televisivo, el primero, constituyó el del inicio del peso preponderante de la imagen como activo a la hora de arañar votos, con la inestimable colaboración del nuevo medio. Posteriormente, dentro de nuestras fronteras y en los debates entre Felipe González y José María Aznar de 1993, concretamente en el primero, se produjo un hecho de similares características. El entonces presidente descuidó completamente el formato y el aspirante no, lo que le llevó a la victoria. Sin embargo, quedaba un segundo envite para que el dirigente socialista le diera la vuelta a la tortilla, con la inestimable colaboración de Aznar, que no tenía ni por asomo el atractivo de Kennedy ni de otros dirigentes políticos de nuestro país en años pasados. Pero eso será otra historia, fruto de un pionero llamado Kennedy.

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El debate que cambió la comunicación política (abc.es)