Artículo catorce

Vivimos tiempos en el que el desencanto hacia la política y la justicia no hace sino aumentar con el paso de los días. La doctrina Parot, tan injusta como carente de sentido común, el menos común de los sentidos, no ha hecho sino acrecentar ese parecer de una gran parte de la ciudadanía, aquejada ya de por sí de un sentimiento de indefensión por el supuesto trato de favor que reciben determinados políticos o familiares de la alta institución del Estado. El doble rasero de medir las actividades delictivas parece evidente. Mientras el habitante de a pie recibe sanciones ejemplarizantes por actos punibles, se ve como el terrorista, el violador, el prevaricador, el traficante de influencias o el delincuente fiscal recibe un tratamiento bien diferenciado atendiendo a criterios varios. Vaya usted a saber los motivos.

El artículo catorce de nuestra Carta Magna es bien claro: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Tan evidente es el enunciado como la ausencia de la citada igualdad ante la aplicación de la norma. El doble rasero es incuestionable y lamentable. En las últimas semanas tenemos que ver repetidamente como seres vivos, por llamarlo de alguna manera, salen esbozando una amplia sonrisa cuando tienen en su haber numerosos asesinatos y ni un ápice de arrepentimiento. Tienen la osadía y la desvergüenza de solicitar a los poderes políticos el “derecho a decidir”, cuando ni ellos mismos han cumplido las sanciones por sus atentados. Sus sonrisas son hoy para las familias de los asesinados la reedición continua de sus actos, que se clavan como un puñal en el sentimiento de las víctimas que todavía mantienen la compostura ante un sistema judicial que les ha abandonado.

Es ciertamente triste que haya que alegrarse por comprobar, sólo en determinadas ocasiones, en primera instancia y sin saber si se llegara al final con todas sus consecuencias, que el citado artículo catorce de la Constitución puede llegar a ser respetado, como ocurrió el pasado 7 de enero. Lo es por la acción de un juez que ha intentado mostrarse ajeno a la naturaleza de los personajes investigados y que ha sabido sobreponerse a las numerosas presiones que ha recibido. El magistrado Castro ha imputado por segunda vez a Cristina de Borbón, no entiendo los motivos para usar el tratamiento de doña para ella cuando para el resto de los mortales no se emplea de semejante manera, y deberá declarar el 8 de marzo por dos presuntos delitos: blanqueo y delito fiscal.

Lo hará si la Audiencia de Palma confirma la comparecencia y rechaza los recursos ya anunciados de su defensa, el padre de la Constitución Miguel Roca, a diferencia de lo ocurrido el 13 de abril del pasado año. Entonces, amparado en el derecho según los decisores, pero tremendamente dañino para un Estado de Derecho que debe exigir la transparencia, honradez y decencia a todos sus representantes públicos, la citada lo es, impidió lo que una gran parte de la ciudadanía esperaba. Primero para saber la verdad en toda su dimensión, aspecto que lamentablemente considero que será muy difícil que se produzca; y segundo para que responda, al igual que el resto de los mortales, de los presuntos actos punibles que ha cometido y que no parecen simplemente testimoniales.

Podemos jugar a guionistas de una película de ciencia ficción y considerar que la infanta, ya debería dejar de ostentar ese reconocimiento, era ajena a la ingente cantidad de dinero que amasaba el matrimonio y que sólo mediaba con su firma y presencia en los actos delictivos de Iñaki Urdangarín; y que una buena parte de los euros con los que pagaban celebraciones familiares diversas, no pocos, procedían de Aizoon, sociedad participada por los dos miembros del matrimonio al 50% y con la que se han cometido supuestamente actividades contrarias a la Ley. Pero eso no es ni creíble ni verosímil, como no lo son tampoco las versiones de la defensa del ex jugador de balonmano para el resto de actividades investigadas y para exculpar de toda responsabilidad a su esposa. La ciudadanía merece una explicación al respecto y, si tanto queremos preservar los cimientos democráticos y de derecho, deberían responder los dos sobre todo ello, sin miedo a las represalias judiciales. Caiga quien caiga, pero demostrando que en nuestro país se paga por los delitos, seas de la familia que seas.

Lamentablemente ese deseo, basado en un sentimiento de igualdad que no se manifiesta en todos los órdenes nuestro país, es quimérico a día de hoy. El 7 de enero de 2014 ha sido un buen día para nuestro país y nuestra democracia porque el juez Castro, que ha demostrado ser valiente y poseer el sentido común al que anteriormente aludía, ha intentado practicar el artículo catorce en toda su magnitud. Esperemos que el resto de las instituciones también estén a la altura de las circunstancias, no pongan más cortapisas al respecto y hagan que la ciudadanía empiece a confiar más en una justicia que no se encuentra en sus mejores momentos.

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El juez Castro ha imputado a la infanta Cristina por segunda vez (abc.es)

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