Nuestros derechos

A escasas jornadas de cumplirse treinta y cinco años de la aprobación de la Constitución por parte de la ciudadanía española, es justo reconocer la trascendencia de dicho texto y el punto de inflexión que supuso para nuestra vida en democracia. Es lógico, incluso aconsejable,  modificar algunos aspectos y no debe darnos ningún miedo hacerlo, aunque ello deba realizarse siempre desde el máximo consenso posible, a imagen y semejanza de lo que supuso en su día la redacción y aprobación de nuestra Carta Magna.

Ese lapso de tiempo transcurrido ha servido también para comprobar la manera en la que el sistema político, económico y social de nuestro país está sufriendo una perversión que no hace sino aumentar el desencanto de la ciudadanía, principalmente hacia la clase política. Es por ello que me dispongo, con toda mi osadía, a publicar un decálogo de diez derechos que deberíamos tener hoy en día los ciudadanos españoles y que no se están cumpliendo, por acción u omisión de los representantes no sólo políticos de las diversas instituciones. Con ellos posiblemente se aseguraran un buen número de los reconocidos en el título primero de nuestra Constitución y que tanta importancia tienen, aunque a veces no lo parezca:

  • Tenemos derecho a vivir en un Estado en el que se practique de manera total la división de poderes. Ninguna formación política ni cámara legislativa debe nombrar a ningún representante judicial, para ello están los órganos de la judicatura, y, si acaso, la única excepción debería basarse en el derecho al indulto, siempre perfectamente justificado y sin que hubiera ningún interés partidista, no como ocurre en la actualidad.
  • Tenemos derecho a vivir en un sistema político en el que nuestros representantes, además de ser elegidos por listas abiertas, hayan accedido a él por un proceso meritocrático, no partidocrático.
  • Tenemos derecho a ser partícipes de la vida política de nuestra administración correspondiente, siendo requerida nuestra opinión para aquellos asuntos de vital importancia, no sólo cada cuatro años para depositar nuestro voto en la urna, si tenemos a bien y consideramos oportuno ejercerlo.
  • Tenemos derecho a que las formaciones políticas busquen el interés general mediante acuerdos, buscando el punto de encuentro entre las posiciones discrepantes y no ejerciendo la fricción en todos los órdenes de la vida.
  • Tenemos derecho a que una parte del Estado no se vea capacitado para chantajear y amenazar a la totalidad del mismo, con argumentos en muchas ocasiones sesgados y carentes de veracidad.
  • Tenemos derecho a que todos los ciudadanos sean iguales ante la Ley, sea el dirigente político de turno, el familiar del Jefe del Estado, el banquero acusado de una mala praxis en el desempeño de su actividad o el habitante anónimo de cualquier localidad.
  • Tenemos derecho a que los acusados por delitos graves, véase terroristas o violadores, por citar los casos más sangrantes que la supresión de la doctrina Parot ha deparado, sean sometidos a la cadena perpetua revisable. La razón y el sentido común debe imperar en nuestras leyes y los encargados de dichas atrocidades deben pagar por ello en consonancia a sus actos.
  • Tenemos derecho a no contar con ningún representante político imputado. En el caso de que se produzca esta situación, especialmente grave en los que median acciones preventivas, deben ser apartados de su puesto hasta que se resuelva el proceso judicial. 
  • Tenemos derecho a un sistema educativo de calidad, justo, que premie el esfuerzo de los alumnos y que permita el acceso a los más desfavorecidos. Igualmente, se antoja obligado que se pacte de una vez una normativa por la mayoría política del país, evitando el espectáculo circense de derogar e implantar un nuevo sistema cuando se produce cambio en el Gobierno.
  • Y, como aragonés, tenemos derecho a que en la comunidad limítrofe de Cataluña se enseñe la verdadera historia del Reino de Aragón, sin sesgos y menosprecios a nuestro territorio; así como a que se devuelvan los bienes de la Franja, que un día fueron sustraídos y no han sido restituidos a sus legítimos propietarios, como han solicitado los diversos estamentos judiciales eclesiásticos. 

Sé que muchas de mis reivindicaciones son difíciles de cumplir, nunca utópicas si se tiene la verdadera voluntad de cambio y de hacer, del sistema en el que vivimos, un país mucho mejor que el actual. En muchas ocasiones sólo consiste en aplicar el sentido común, en otras es devolver a la ciudadanía los derechos que en muchas ocasiones no se están aplicando en nuestra Carta Magna.

constitucion

Constitución española de 1978 (antena3.com)

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