Sobre nuestra democracia

La alusión al origen etimológico de las palabras en muchas ocasiones recoge el significado de las mismas, sobre los que es conveniente detenerse en determinados momentos. Democracia procede del término griego “demokratia”, dividida a su vez en “demos”, pueblo o conjunto de ciudadanos; y “kratos”, poder o gobierno. Es decir, haciendo una interpretación genérica y sin pasar a especificar las particularidades de cada caso, en España es manifiestamente mejorable en determinados aspectos, podemos afirmar que dicho vocablo recoge el sistema de gobierno en el que la soberanía es ejercida por el pueblo, mediante representantes políticos debidamente elegidos.

Corresponde a las nociones básicas que todo ciudadano debería conocer, y ser materia de obligado estudio en nuestro sistema educativo, saber que toda nuestra organización se sustenta en una Ley suprema, la Constitución, sobre la que debe asentarse todo el funcionamiento y el resto de textos normativos vigentes. Cualquier acción que incumpla el más mínimo de los artículos ahí incluidos no podrá llevarse a término. Tampoco podrá hacerlo todo ordenamiento que no respete los prelados que la Carta Magna contiene y que fueron aprobados por la ciudadanía española el 6 de diciembre de 1978.

Lo verdaderamente preocupante radica en el hecho de que un buen número de esos representantes políticos elegidos en Cataluña, que deberían ser los primeros garantes del orden constitucional, se han puesto a la cabeza para incumplir dicho texto. Son plenamente sabedores de la imposibilidad de llevar a término las reivindicaciones del Parlamento catalán, cuya irresponsabilidad ha superado con creces lo aceptable y ha llegado incluso a la catalogación de ilegal. O lo que es peor, premeditada y temerariamente ilegal.

No es que no sepan lo que la Constitución manifiesta, es que les da exactamente igual. Han trazado una hoja de ruta y un camino, y lo quieren transitar a oídos sordos de la legalidad, aprovechándose de las dificultades que atraviesa el país y un buen número de la ciudadanía, que pueden verlo como una huída hacia delante. Ello convierte en ese movimiento, nunca mayoritario como se ha querido vender, en una maniobra oportunista.

Es materialmente imposible que desconozcan el contenido del artículo 1.2, en el que se asegura que “la soberanía nacional reside en el pueblo español”, no en parte de él como ellos pretenden expresar en ese particular. Tampoco es creíble que se salten el número 2, en el que se cita la “indisolubre unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Y habría que recordarles que no muy lejos de los ya citados, en el 6, se indica que los partidos políticos pueden actuar libremente “dentro del respeto a la Constitución y a la ley”. En resumen, nos estamos acostumbrando a las advertencias, por tildarlo de alguna manera, en la que el incumplimiento de nuestro texto normativo supremo está a la orden del día.

La petición debatida y aprobada el pasado jueves en el Parlamento de Cataluña no es más que una nueva manifestación de ese camino emprendido, en el que la celebración de unas elecciones plebiscitarias ganan cada vez más peso. La negativa del Gobierno central a las reivindicaciones que llegan desde dicho territorio parece abocar a ese suceso, que se producirá más pronto que tarde, cuando se cercioren de que no van a poder celebrar un referéndum sobre la independencia. Justo la razón última para ratificar la solicitud votada ayer, que contó con 87 votos a favor y 43 en contra.

No debe sorprender que esa resolución vuelva a pretender incumplir la Constitución, ese texto de obligado acatamiento para todos. Y lo hacen precisamente ellos, los que aluden a argumentos democráticos para solicitar la celebración de la consulta sólo en Cataluña, aspecto también muy rebatible. No atienden a la Carta Magna, como ya se ha convertido en norma, obviando premeditadamente que la convocatoria la lleva a cabo “el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”, artículo 92. Lo hacen amparándose en el 149, en el que se asegura que el Estado tiene la competencia para autorizar su celebración, aunque son plenamente conscientes de que su reivindicación es harto imposible de ejecutarse.

En un Estado de Derecho como el español, democrático sin ningún género de dudas, el respeto a la Constitución es incuestionable y el primer aspecto de ineludible cumplimiento. No se trata de un texto impuesto, los ciudadanos la aprobaron, y tampoco inamovible, en el mismo se establecen los mecanismos para poder modificarla. Lo que no pueden es pretender infringirla como si nada pasara y sin ninguna consecuencia, porque se estaría abriendo la posibilidad a futuras acciones similares. Así funciona la democracia, también la nuestra. Y así debe seguir siendo.

parlament

El Parlament catalán solicita las competencias para la celebración de un referéndum (lavanguardia.com)

Copyright © 2014. Todos los derechos reservados.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *